La Guardia Civil de Tráfico detecta la falsificación de documentos de transporte por transportistas extranjeros para realizar cabotaje ilegalmente en España.

Fenadismer reitera al Gobierno español la necesidad de promover las medidas legislativas para atajar la competencia desleal de las empresas extranjeras que operan en España.

A requerimiento de varias asociaciones de transportistas integradas en FENADISMER, la Guardia Civil de Tráfico estableció el pasado mes de Junio en la frontera con Portugal un dispositivo de vigilancia y control de vehículos matriculados en países de la Unión Europea que pretendía realizar transporte interior (cabotaje) en España.

La normativa europea establece que los transportistas pertenecientes a un Estado miembro sólo podrán realizar transporte en el interior de otro Estado (en este caso, España) por un plazo máximo de 7 días y siempre que sea como continuación de un transporte internacional que previamente haya realizado dicho transportista extranjero, lo que debe acreditarse mediante el correspondiente documento de transporte internacional, denominado CMR.

Sin embargo, en los últimos meses las asociaciones de FENADISMER han venido detectando la presencia masiva de transportistas extranjeros que de forma permanente y continua trabajaban en nuestro país en las grandes obras públicas de infraestructuras, en concreto, en las nuevas líneas del AVE y tramos de autovías que actualmente se encuentran en ejecución.

Ante la sospecha de que dichos transportistas extranjeros estuvieran trabajando ilegalmente en España, se solicitó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, que llevó a cabo este pasado mes un operativo de seguimiento y vigilancia, interceptando a varios camiones que llevaban los documentos de control CMR falsificados, ya que figuraban servicios de transporte internacional que no habían sido realizados, para realizar transporte en españa al amparo de dichos documentos simulados.

Dichas actuaciones ilegales pueden dan lugar a la comisión de al menos dos infracciones muy graves a la legislación de transporte, lo que conlleva una sanción económica por cada vehículo de 8002 euros y la inmovilización del mismo.

Este hecho prueba la denuncia que reiteradamente viene manifestando FENADISMER sobre la situación de incumplimiento generalizado de la legalidad y sensación de impunidad de los transportistas extranjeros que operan en España, lo que ha motivado que FENADISMER haya vuelto a solicitar al Gobierno español que promueva nuevas medidas legislativas que permitan un mayor control de la actividad desarrollada por las empresas transportistas establecidas en otros países de la Unión Europea pero que operan en España, en muchos casos pertenecientes a empresarios españoles deslocalizados en dichos países, aprovechando sus menores costes fiscales y laborales.

Cabe recordar que otros países europeos están aprobando medidas legislativas de control de las empresas transportistas extranjeras, como en el caso de Alemania, Francia y Noruega, para evitar las situaciones de competencia desleal (dumping) que desafortunadamente se está produciendo en nuestro país de forma cada vez más creciente.

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