La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) , miembro de FENADISMER; vuelve a alzar la voz frente a la pasividad del Ministerio de Transición Ecológica en la actualización de la Orden IET/389/2015, que regula los costes de comercialización del gas licuado del petróleo (GLP). Tras años de trabajo a pérdidas, el sector se encuentra al borde del colapso, poniendo en riesgo la continuidad de más de 3.500 empleos y un servicio esencial para 6 millones de hogares en España.

Las agencias distribuidoras llevan más de una década soportando una fórmula obsoleta que no refleja el incremento de los costes operativos. En el último año, la actualización del coste de comercialización apenas fue de un céntimo de euro por botella, una cifra simbólica que demuestra el desinterés del Ministerio por resolver una crisis que afecta directamente a millones de ciudadanos, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables.
Inacción ministerial pese a los paros del sector.

A pesar de las reiteradas reuniones y consultas públicas, la situación sigue estancada. En noviembre y diciembre de 2024, la FEDGLP se vio obligada a organizar suspensiones semanales del reparto domiciliario para visibilizar la gravedad del problema. Como respuesta, el Ministerio publicó un borrador que reconoce los problemas del sector, pero propone una actualización muy alejada de las demandas del sector, que considera imprescindible una subida de 1,80 euros por botella. Este importe permitiría cubrir costes operativos como salarios, transporte y mantenimiento de flotas, esenciales para la garantizar la sostenibilidad del servicio de reparto a domicilio, un servicio público esencial.
El impacto de las subidas en impuestos y cotizaciones sociales.

El aumento del IVA, junto con el incremento de cotizaciones sociales y otros costes regulatorios, ha generado un efecto dominó que afecta directamente al sector. Estas subidas previstas para este año, combinadas con el encarecimiento del combustible y los costes laborales, han elevado los gastos operativos de las agencias distribuidoras, que siguen recibiendo una retribución obsoleta y claramente insuficiente.

Un agravio comparativo intolerable.

El aumento previsto para este nuevo año del 8,54 % en el envío de una carta ordinaria nacional contrasta con el abandono al que está sometido el sector del butano, un bien esencial para millones de hogares españoles que lleva sin ser correctamente actualizado desde 2015, con una regulación que no permite trasladar suficientemente el impacto de la inflación ni la pérdida de escala por decrecimiento del mercado, provocando que se esté operando a pérdidas.

Desde el cierre del período de alegaciones a finales de noviembre, se continúa sin avances y se ignora un servicio crítico como el reparto domiciliario de bombonas, que permite calentar hogares y cocinar a más de 6 millones de familias, muchas de ellas en zonas rurales y en riesgo de exclusión social. Recordemos que la distribución y comercialización de la clásica bombona, se trata de un reparto a domicilio de una energía con un peso de 25 kg y requiere de una infraestructura de camiones, almacenes y personal para tener acceso a todos los rincones de la geografía.

El precio más bajo de Europa no debe ser sinónimo de precariedad

El precio regulado de la bombona en España, actualmente en 16,61 euros, es el más bajo de Europa, y representa la mitad del coste en países como Francia y Portugal. Actualizar la Orden IET/389/2015 no solo garantizaría un reparto domiciliario sostenible y de calidad, sino que permitiría sentar las bases para una transición hacia energías renovables en el sector, prevista para 2050. Sin embargo, la incomprensible falta de decisión por parte del Ministerio deja al sector en una situación insostenible.

El futuro del servicio está en riesgo

La FEDGLP advierte que, de no tomarse medidas inmediatas, el reparto domiciliario de bombonas de butano se verá gravemente afectado, poniendo en peligro un servicio esencial que supone la distribución de más de 50 millones de bombonas al año. La Federación no descarta convocar una asamblea extraordinaria en las próximas semanas para adoptar medidas de protesta más contundentes que obliguen al Gobierno a actuar.

La FEDGLP urge al Ministerio de Transición Ecológica a revisar al alza el borrador presentado y a publicar de manera inmediata una nueva orden ministerial que permita revertir la situación actual. La inacción no solo está erosionando el servicio, sino que también compromete la estabilidad de un sector fundamental para millones de familias españolas.

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