• Las principales formaciones políticas en Navarra respaldan a su Gobierno foral en su objetivo de establecer peajes en cinco carreteras nacionales a los camiones.
  • Las asociaciones navarras de transportistas reiteran su rechazo a la medida por considerarla injusta, discriminatoria y advierten del posible riesgo de ilegalidad como en el peaje en Guipúzcoa.

Como ya informó FENADISMER, el Gobierno de Navarra anunció hace unos días su intención de aprobar un plan para imponer peajes a los camiones en cinco carreteras de su comunidad, en concreto en las vías A121A, A10, A15, A1 y A68 a razón de 0,2060 euros el kilómetro, con el objetivo de recaudar unos 45 millones de euros al año de los camiones, de los que 15 millones se destinarían sólo a la instalación de los pórticos de pago y al desarrollo de la tecnología para su gestión, que llevaría a cabo una empresa pública de nueva creación.

Para reforzar dicha propuesta, el Gobierno de Navarra ha alcanzado un principio de acuerdo con las principales formaciones políticas navarras, en concreto el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos e Izquierda Ezkerra, con la excepción de la coalición de PP y Ciudadanos denominada Navarra Suma, para financiar y mejorar las carreteras como servicio público, en las que el Gobierno foral propone la posibilidad de implantar los peajes a camiones en sus vías de alta capacidad.

FENADISMER considera que dicha iniciativa supone una evidente contradicción con la posición histórica mantenida por las formaciones políticas navarras en contra del establecimiento de peajes a camiones. Así cabe recordar la reacción tan contundente de rechazo contra la decisión en su día por parte de la Diputación de Guipúzcoa de establecer peajes a los camiones en la N-1 y A-15, lo que se manifestó mediante una moción parlamentaria aprobada en Octubre de 2017 en el Parlamento autonómico, y que fue respaldada por  los grupos políticos con representación en dicho órgano legislativo, sin que hubiera ningún voto en contra. 

Una vez más las asociaciones navarras de transportistas han reaccionado de forma muy negativa al acuerdo alcanzado por los grupos políticos al ignorar y no tener en cuenta la repercusión tan negativa que tal medida recaudatoria tendría para el sector del transporte por carretera. A tal, fin, las asociaciones navarras de transportistas han elaborado un comunicado de prensa conjunto bajo el título “EL TRANSPORTE DICE SÍ A LA MEJORA DE CARRETERAS, PERO SIN DISCRIMINACIÓN” que se transcribe a continuación:

“La mejora de las infraestructuras y vías de comunicación de Navarra es de vital importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, porque todos los navarros somos usuarios de las mismas y contribuimos con nuestros impuestos a su mantenimiento y desarrollo.

Desde las asociaciones de transporte TRADISNA y ANET valoramos positivamente que por fin los poderes políticos y el Gobierno de Navarra aborden de manera urgente la mejora de carreteras, las cuales han estado muy abandonadas en los presupuestos de Navarra desde hace más de una década, y necesitan imperiosamente una decidida política de inversión global. 

En el proceso de reactivar Navarra, nuestro sector es consciente de la relevancia estratégica esencial que nuestros servicios tienen para todo el tejido social y económico de nuestra Comunidad. Así lo hemos demostrado en la actual crisis provocada por la pandemia del COVID-19, en la que el esfuerzo de todos los transportistas ha sido generoso aliviando el confinamiento de la sociedad a través del abasteciendo los mercados de alimentación y farmacias, llevando hasta sus casas los envíos, y en el reparto, en muchas ocasiones gratuito, de mascarillas.

Pero si no queremos que ocurra en Navarra lo mismo que en País Vasco, esta reactivación no puede sentarse sobre unas bases discriminatorias e injustas. El pasado mes de mayo, El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco daba nuevamente la razón al sector del transporte de mercancías por carretera anulando el cobro de peajes en la A15 y NI en Guipúzcoa (peajes como los que quieren establecer en Navarra) por considerarlo discriminatorio y, por tanto, disconforme a Derecho, condenando en costas a las Juntas Generales y a la Diputación Foral de dicha Comunidad. Con estos antecedentes, no nos parece prudente que el Gobierno de Navarra trabaje sobre una base de inseguridad jurídica.

En este sentido abogamos por una absoluta transparencia en la toma de decisiones del Gobierno de Navarra y de sus apoyos parlamentarios para abordar de manera conjunta la mejor solución posible. 

Desconocemos los datos reales sobre los que se basa la intención del Gobierno, tanto de volumen de tráfico real, como de previsión de ingresos, el destino final de los mismos, el coste que generará la implementación del sistema de control de peajes, así como los gastos de constitución y funcionamiento de la Sociedad Pública que se va a crear a tal efecto. No sabemos realmente cómo obtiene el Gobierno de Navarra sus cálculos ni qué indicadores los soportan. 

En la única reunión que ambas entidades hemos mantenido con el Consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, el pasado 15 de mayo, a las 13,50 horas, éste tan sólo nos expuso sus intenciones, sin abrir ninguna opción de escuchar las propuestas de nuestro sector. Aun así, queremos creer al consejero en las declaraciones que realizó este miércoles pasado, y en las que habla de abrir un diálogo que, hasta fecha de hoy, no ha existido realmente.

Nosotros sí apostamos por la interlocución directa, no sólo con el equipo de Gobierno sino también con todas las formaciones políticas, porque desde la transparencia, el conocimiento de los datos reales, de las diferentes opciones, de los casos de éxito europeos y también desde los fracasos que existen (casi todos los países europeos no centrales, periféricos, están desechando este tipo de iniciativas, caso Francia e Italia), podemos llegar a una solución de consenso en la que todos los ciudadanos navarros no se vean afectados negativamente con este tipo de decisiones.

No podemos permitirnos poner en juego la supervivencia de 10.000 familias que viven del transporte en Navarra, además de las consecuencias derivadas también en otros sectores. La reactivación de Navarra no puede ser discriminatoria e insolidaria. El sector del transporte sale muy debilitado de esta crisis y están en riesgo miles de puestos de trabajo.

Reiteramos, una vez más, nuestra disposición a un diálogo transparente y a una búsqueda de soluciones que no perjudiquen a toda la ciudadanía navarra y que no ponga en riesgo la destrucción de empleo en el sector del transporte”.

Temáticas: