Las federaciones nacionales de transportistas recurren ante el Tribunal Superior de Justicia la Resolución del Gobierno de Cataluña que permite en sus carreteras la circulación de camiones con mayor tonelaje al permitido en el resto de España.

Asimismo solicitan su suspensión provisional ya que la resolución catalana pretende privilegiar a sus puertos y aeropuertos en detrimento de los del resto del territorio nacional.

Este miércoles 13 de Febrero las federaciones nacionales de transportistas que integramos el Comité Nacional de Transporte por Carretera han interpuesto el anunciado recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la Resolución aprobada el pasado 14 de Diciembre por el Departamento de Interior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se autoriza la circulación por las carreteras catalanas de camiones con mayor tonelaje (44 toneladas de masa máxima) al permitido en el resto del territorio nacional (40 toneladas).

Entre los fundamentos planteados por las organizaciones de transportistas contra la medida unilateral adoptada por el Gobierno catalán cabe destacar los siguientes:

·        Falta de competencia de la Generalitat de Cataluña al vulnerar el reparto competencial previsto en la Constitución Española en materia de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte que corresponde en exclusiva al Estado.

·        Infracción del Derecho comunitario al vulnerar la Directiva europea 96/53/CEE, que regula los pesos y dimensiones máximas de los vehículos de transporte, además en fraude de ley por cuanto la resolución catalana se fundamente en su carácter innovador desde un punto de vista de la tecnología de los vehículos autorizados a aumentar el tonelaje, lo que es absolutamente falso ya que los vehículos que se pueden beneficiar de la medida son todos aquellos matriculados a partir de 2006, es decir, con tecnologías de hace más de 6 años.

·        La resolución catalana pretende privilegiar a los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias de la Comunidad Autónoma para atraer más mercancías a dichos destinos para su posterior trasvase a los vehículos de transporte por carretera, a diferencia de lo que se puede hacer en el resto del Estado.

Asimismo las organizaciones de transportistas han solicitado como medida cautelar la suspensión provisional de la resolución catalana impugnada, dado el “efecto perverso” que la aplicación de la normativa catalana puede provocar en la competencia real entre las empresas transportistas y en la ordenación del sector del transporte por carretera.

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