• La falta de nombramiento del nuevo Gobierno central y del riojano dificultan la adopción de una solución jurídica a la situación creada.

 

  • A la espera de una aclaración del alcance de la sentencia por el TS, la eliminación de las bonificaciones a los peajes obligatorios sextuplicarían su importe actual.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), desea públicamente manifestar su enorme preocupación por las consecuencias que para el sector del transporte por carretera puede implicar la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 4 de Julio por la que se anula el Real Decreto 1923/2017 que establece las bonificaciones a los más de 2000 transportistas afectados por los desvíos obligatorios a la autopista de peaje AP-68, que como se recordará entraron en vigor a finales del año 2017.

 

Para tratar de paliar dicha situación, se están llevando a cabo estos días intensas gestiones por parte de la asociación riojana de transportistas, ATRADIS, federada en FENADISMER, en diferentes ámbitos políticos e institucionales. Así cabe destacar las reuniones mantenidas con la candidata a presidenta del Gobierno de la Rioja, Concha Andreu, así como con el Delegado del Gobierno en dicha región, José Ignacio Pérez, quienes han confirmado que ambas Administraciones públicas están trabajando para tratar de buscar una solución a la situación creada, aunque, la situación de provisionalidad que padece tanto el Gobierno central como el riojano dificultan la aprobación de cualquier medida normativa.

 

Por su parte, FENADISMER ha acordado personarse ante el Tribunal Supremo a fin de que sea dictada una aclaración sobre el alcance de la sentencia judicial, para que desde el Gobierno central se puedan adoptar las medidas legales y administrativas necesarias que permitan evitar dicho impacto económico a los miles de transportistas que diariamente transitan por dicha ruta, teniendo en cuenta que la eliminación de las bonificaciones a los peajes obligatorios sextuplicarían su importe a pagar, pasando de los actuales 5 euros por trayecto a 29 euros.

 

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