• La actual situación de un Gobierno en funciones limita las posibilidades de aprobar un nuevo Decreto Ley de ayudas al sector del transporte por carretera.    
  • En los últimos 3 meses el precio del gasóleo se ha incrementado en más de 20 céntimos, pese a que las ayudas a la bonificación aprobadas en Junio prevén una reducción de la ayuda actual del 50% a partir de Octubre.

 

En las últimas semanas desde diferentes ámbitos del sector del transporte por carretera se viene manifestando la enorme preocupación por la nueva escalada en los precios de los combustibles que se lleva produciendo en los últimos 3 meses, y que los sitúa en el caso del gasóleo en 20 céntimos más caro que los precios que tenía en el mes de junio, y con la previsión de que siga incrementándose en las próximas semanas.

 

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno aprobó el pasado mes de Junio un Decreto-Ley de prórroga de las principales medidas económicas y ayudas aprobadas previamente en Diciembre para dar respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania. Así en el caso del transporte por carretera el Gobierno optó por mantener la bonificación que se venía aplicando hasta ese momento de 10 céntimos por litro, al considerar dicha ayuda “de vital importancia para permitir que estas empresas, constituido en su gran mayoría por microempresas, continúen la senda de recuperación y estabilidad necesaria y sigan operando en el mercado y contribuyendo a dotar al sistema de una oferta de transporte suficiente” según se recogía en su exposición de motivos.

 

Sin embargo, el Decreto previó la reducción de dicha bonificación en un 50% a partir del 1 de Octubre, lo que no parece congruente con la actual situación de escalada de los precios de los combustibles que se prevé que se mantenga hasta final de año.

 

Pese a ello, FENADISMER  considera que la actual situación de interinidad política dificulta la aprobación de nuevas ayudas al transporte, ya que la Ley del Gobierno aprobada en 1997 restringe la capacidad legislativa de un Gobierno en funciones, limitando su gestión “al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas” por lo que en la práctica previsiblemente habrá que esperar a la conformación de un nuevo Gobierno antes de poder adoptar cualquier medida al respecto.

 

 

 

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