Noticias: Fenadismer solicita al nuevo Ministro apoyo al actual tejido empresarial del transporte

Fenadismer solicita al nuevo Ministro de Fomento que apoye al actual tejido empresarial español del transporte por carretera.

El mantenimiento de la actual ordenación del sector y el control de las empresas deslocalizadas prioridades para la nueva legislatura.

Tras el nombramiento la semana pasada del nuevo Gobierno de la presente legislatura, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), organización de ámbito nacional que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera ha transmitido al nuevo Ministro de Fomento, D. Iñigo de la Serna, las medidas que debe abordar de forma prioritaria para contribuir a la consolidación y reforzamiento del actual tejido empresarial del transporte español por carretera, conformado en la actualidad por algo más de 100.000 empresas transportistas, mayoritariamente de pequeña y mediana dimensión, más aún tras el fuerte impacto que padeció durante los años de la crisis económica, que supuso la desaparición de más del 20% de las empresas del sector.

Afortunadamente, el actual momento económico permite ser optimistas en cuanto al crecimiento de actividad del sector del transporte por carretera en los próximos años, como así apuntan los datos extraídos de los Observatorios de actividad del transporte de mercancías por carretera, que arrojan unos datos positivos de crecimiento continuado en los últimos trimestres.

Por ello, FENADISMER considera necesario para consolidar dicha recuperación y crecimiento en nuestro sector adoptar medidas que fortalezcan nuestro actual tejido empresarial, entre las que cabe destacar las siguientes:

• El mantenimiento de la actual regulación y ordenación de la actividad del transporte público de mercancías por carretera, mediante el mantenimiento del requisito de dimensión mínima empresarial para acceder al sector, a fin de poder continuar compitiendo en mejores condiciones frente a los transportistas del resto de la Unión Europea. En este sentido cabe destacar que la implantación de la actual regulación de acceso al sector en el año 1999 ha permitido a la flota española posicionarse como una potencia a nivel europeo en el ranking de transporte internacional, pasando de ocupar la cuarta posición en dicho año 1999 a la segunda posición en la actualidad, sólo por detrás de Polonia, y superando a países como Alemania, Francia e Italia, que en los últimos 10 años han visto disminuir su presencia internacional hasta en un 50%, como se observa en el cuadro adjunto:

Evolución del transporte internacional por países

(millones de tns/kms)

Fuente: Eurostat.

• La inmediata transposición de la Directiva europea sobre desplazamiento de los trabajadores en el sector del transporte (cumplimiento del salario mínimo), de modo similar a como ya lo han regulado Francia, Alemania e Italia, y cuya fecha límite de trasposición venció el pasado mes de Julio, que permita controlar la situación de competencia desleal que atraviesa nuestro sector, fundamentalmente por la deslocalización de las grandes empresas de transporte de nuestro país hacia otros Estados de la UE con menores costes de explotación tanto laborales como fiscales, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas españolas. En este sentido, resulta inadmisible que en la actualidad una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino a nuestro país sea realizado por empresas transportistas de países del Este de Europa, en muchos casos de empresas españolas deslocalizadas, por lo que es necesario establecer medidas de control que impidan dicha actuación fraudulenta.

• La necesaria armonización fiscal que soporta el sector del transporte por carretera, tanto en lo referente a la imposición directa, que pasaría por eliminar las actuales discriminaciones en función de su forma jurídica, al soportar una mayor carga fiscal los autónomos y pequeñas empresas que las grandes, así como en lo relativo a la imposición indirecta, armonizando la actual política unilateral y descoordinada a nivel autonómico en materia de tributación sobre los carburantes, y de otra parte manteniendo la posición española contraria al establecimiento de tasas a los vehículos de transporte por la utilización de las infraestructuras, a fin de no perjudicar las exportaciones españolas dado nuestro carácter periférico en el seno de la Unión Europea.