Fenadismer promueve recurso inconstituionalidad contra la Ley 29/2003

Fenadismer promueve un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 29/2003 de modificación de la LOTT en lo relativo a la regulación de carga y descarga y al incremento desproporcionado de las cuantías de las sanciones.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha solicitado el pasado viernes 28 de noviembre ante el Defensor del Pueblo que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El recurso se fundamenta en dos aspectos controvertidos de la Ley:

1. Vulneración del principio de igualdad establecido en el art. 14 de la Constitución española respecto a la regulación dada sobre la prohibición de que el conductor profesional realice las labores de carga y descarga del vehículo, contenida en el párrafo 5 del artículo 22 vulnera de forma manifiesta el principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la Constitución Española por cuanto limitaría la posibilidad de prohibir reglamentariamente que el conductor profesional realizara las labores de carga y descarga exclusivamente a los que conduzcan vehículos que precisen el permiso de conducir C+E, pero no los que precisen del permiso C, C1 +E, C1, B ó B+E, cuando no hay razones de seguridad o de otra índole que justifiquen tal discriminación legal.

2. Vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones pecuniarias por infracciones a la normativa de transportes recogido en el art. 25 de la Constitución Española y desarrollado por el art. 131 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones Públicas. A titulo de ejemplo, el art. 143 tras la nueva redacción dada por la ley establece que las infracciones muy graves pasan de 2764,66 euros en la redacción anterior de la LOTT vigente a una cuantía actual de 6000 euros ( esto es, más de un 200%), que puede llegar a ser de 18.000 euros en caso de cometer una segunda infracción en un año. En este punto, Fenadismer lamenta que fuera la única federación nacional que en su día durante la tramitación del proyecto de ley manifestara su voto en contra a la propuesta de incremento de lasa cuantías de las sanciones, según consta en el Acta del Pleno del Comité Nacional de Transporte por Carretera de fecha 12 de julio de 2001

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