Fenadismer plantea que la nueva regulación sobre trabajadores desplazados (declaración de desplazamiento y cumplimiento de salario mínimo) no sea de aplicación a los transportes internacionales bilaterales.

  • En consecuencia dicha regulación no sería de aplicación a los transportes internacionales en los que el país de origen o destino sea donde el vehículo está matriculado.

  • Esta propuesta permitirá eliminar las cargas burocráticas a las empresas transportistas españolas y permitir un mejor control de las empresas deslocalizadas en países del Este de Europa.

Como ha venido informando FENADISMER en los últimos meses, la tramitación del Paquete europeo legislativo de movilidad, y en concreto en la nueva regulación sobre trabajadores desplazados en el sector del transporte por carretera, está resultando muy dificultosa por la posición enfrentada entre los países occidentales y del Este de Europa, que mantienen posiciones muy enfrentadas sobre la necesidad de establecer dicha regulación, que los países orientales considera proteccionista y contraria a la libre circulación y el mercado único en el ámbito de la Unión Europea.

A nivel español, algunas organizaciones nacionales de grandes flotistas se han venido oponiendo reiteradamente a la aprobación de una nueva regulación sobre trabajadores desplazados, con la “excusa” de que dicha regulación implica una carga burocrática para las empresas transportistas españolas en sus desplazamientos al resto de países de la Unión Europea, por lo que plantean excepcionar dicha regulación al sector del transporte, perpetuando de este modo el mercado español del transporte como un “auténtico paraíso” para las empresas deslocalizadas en países del Este de Europa y que operan de forma permanente en el transporte internacional español, ocasionando una brutal competencia desleal frente a los transportistas españoles.

Como ya publicó FENADISMER el pasado mes de Octubre, los datos del último “Estudio sobre transporte internacional de mercancías por carretera”, que anualmente elabora el Ministerio de Fomento, arroja unos datos muy alarmantes sobre la presencia cada vez mayor de las empresas radicadas en el Este de Europa en el mercado español, que en un alto porcentaje corresponde a empresas “buzón” pertenecientes a grandes flotistas españoles.

Así sólo las flotas de Bulgaria, Rumanía y Lituania controlan casi una sexta parte del transporte internacional con origen o destino en España, con crecimientos en los dos últimos años de casi el 70%. Pero es que además lo que resulta más llamativo es que el origen o destino de las mercancías desde o hacia España no son precisamente los países del Este de Europa, lo que evidencia claramente que se trata de “empresas deslocalizadas” a los únicos efectos de conseguir menores costes laborales y fiscales, pero sin ninguna actividad real en dichos países. En este sentido, el Estudio sobre Transporte Internacional del Ministerio de Fomento pone de relieve tal desproporción entre la nacionalidad de la flota de transporte y el origen de la mercancía transportada, que es especialmente acusada en el caso de la flota búlgara que opera en España (23’91%), seguida de la flota lituana (21’22%) y de la flota rumana (8‘30%).

Asimismo tal crecimiento desmesurado no se produce sólo en el transporte internacional español, sino en el transporte nacional en nuestro país de las flotas de dichos países, pese a ser los países de la Unión Europea más alejados de España, ocupando la 2ª posición en el transporte interior (cabotaje) las empresas rumanas y la 3ª posición las empresas búlgaras.

En este sentido, FENADISMER considera imprescindible establecer medidas efectivas de control contra el “dumping social” que llevan a cabo estas empresas deslocalizadas, pero que a su vez no supongan una excesiva carga burocrática para las empresas transportistas que realizan su actividad de transporte de forma legal.

Por ello, FENADISMER ha planteado tanto al Gobierno español como a los diferentes representantes españoles pertenecientes a la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo la propuesta ya defendida por algún otro país periférico en relación a la aplicación de la regulación sobre trabajadores desplazados para que sea de aplicación a todos los transportes internacionales, a excepción de los transportes internacionales bilaterales, esto es, a aquellos transportes cuyo país de origen o destino coincida con la de la matriculación del vehículo, lo que en la práctica permitiría eliminar cualquier carga burocrática a las empresas transportistas españolas que realicen transporte internacional, permitiendo asimismo un control efectivo sobre las empresas deslocalizadas en los países del este de Europa que pretendan operar en el mercado de transporte español.

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