Denuncia contra taxistas en Barcelona por dedicarse al transporte de mercancías
- La Asociación General de Transportistas de Cataluña denuncia ante los Servicios de Inspección de Transporte de la Generalitat a la Plataforma Taxi Ecologic por ofertar la realización de servicios de transporte de mercancías nacional e internacional con la flota de sus taxistas asociados.
- Además de ilegal, es especialmente repudiable dicha actuación por provenir del colectivo de los taxistas, que en los últimos años han venido movilizándose en protestar por la competencia desleal que soportan de los vehículos vtc.
Por si no tenían suficiente los transportistas con sobrellevar la gravísima situación económica que viene soportando, motivada tanto por la reducción de la actividad debida a la pandemia como por el imparable encarecimiento de los carburantes, en los últimos años están asistiendo con cada vez mayor preocupación e indignación a nuevos fenómenos de competencia desleal e intrusismo llevados a cabo por operadores ajenos al sector, que con total impunidad actúan ofertando sus servicios de transporte de mercancías sin estar autorizados para ello.
Tal es el caso de la Plataforma catalana Taxi Ecologic, la cual viene ofertando en los últimos meses tanto en medios de comunicación como en redes sociales sus servicios de paquetería tanto nacional como internacional utilizando para ello la flota de vehículos de sus taxistas asociados. Siendo grave dicha actuación por su evidente ilegalidad, es especialmente repudiable por provenir de un colectivo, como es el de los taxistas, que en los últimos años han venido movilizándose para protestar precisamente por la competencia desleal que soportan de las plataformas que gestionan las flotas de vehículos vtc.
Esta actuación ilegal ha motivado la interposición de la correspondiente denuncia ante los Servicios de Inspección de Transporte de la Generalitat por parte de la Asociación General de Transportistas de Cataluña AGTC, miembro de FENADISMER, por incurrir en un incumplimiento muy grave de la vigente Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, instando que además de imponer las sanciones que prevé la legislación de transporte en su grado máximo proceda a la paralización de dicha actividad ilícita.