Cataluña prohibe circular a los camiones por la N-II hasta la frontera de Francia
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), organización de ámbito nacional que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera, ha transmitido su más enérgica queja tanto a la Ministra de Fomento como al Consejero de Territorio de la Generalitat de Cataluña, por la decisión de ésta última de prohibir la circulación a los camiones de más de 12 toneladas en los más de 90 kilómetros de la Nacional-2 (N-II) que discurren por la provincia de Girona hasta la frontera con Francia.
FENADISMER considera dicha decisión “como una medida sin precedentes tanto en España como en el resto de Europa” por cuanto nunca con anterioridad se había prohibido la circulación de vehículos de transporte en una carretera de ámbito nacional en un trayecto de casi 100 kilómetros, más aún teniendo en cuenta el carácter estratégico de dicha vía al conectar el tráfico natural tanto mercancías como viajeros de todo el Mediterráneo español y el centro de la península con el resto de Europa. Además la gran beneficiada con dicha prohibición va a ser la concesionaria de autopistas Abertis, que en la actualidad explota la autopista AP-7, la cual va a recaudar más de 12 millones de euros adicionales anuales de los más de 3000 transportistas que diariamente serán obligados a circular por dicha autopista.
Por ello, FENADISMER va a solicitar tanto al Ministerio de Fomento como a la Generalitat de Cataluña para que reconsideren dicha medida prohibitiva, y en su lugar establezcan medidas económicas incentivadoras dirigidas al colectivo de transportistas estableciendo la gratuidad del peaje de la autopista AP-7 en los tramos paralelos con mayor densidad de circulación de la N-II, y de una rebaja sustancial del peaje en el resto de tramos de la autopista paralelos a la citada carretera nacional. Así una medida idéntica fue consensuada el pasado mes de Febrero entre el Gobierno de Aragón y la concesionaria Abertis en las autopistas AP-2 y AP-68, que acordaron la gratuidad de los peajes en algunos tramos de las citadas autopistas y la reducción de un 50% de los restantes tramos coincidentes con la N-II y la N-232, para conseguir que circulen por la autopista el mayor número de vehículos pesados, pero sin que se estableciera la prohibición de circulación sobre dichas carreteras nacionales, a diferencia de lo que se pretende aprobar en la N-II a su paso por la provincia de Girona.
