El Gobierno de Canarias incrementa más de un 100% la fiscalidad sobre los carburantes.

Los transportistas canarios convocan un Paro indefinido a partir del 10 de Julio en protesta por la no devolución del impuesto del gasóleo y el uso del tacógrafo.

Desde este mes de Julio está en vigor la Ley Canaria 4/2012 de Medidas Administrativas y Fiscales, publicada en el Boletín Oficial de Canarias del pasado 26 de Junio, por la que se aprueban diferentes medidas tendentes a la reducción del gasto público e incrementar los recursos a través de los impuestos para la financiación del sector público.

Entre las medidas más importantes que recogen son el incremento en un 117% del impuesto que soportan los hidrocarburos, quedando establecido en 22’2 céntimos por litro para el gasóleo de automoción (lo que supone un incremento de 12 céntimos frente al impuesto anteriormente vigente). Asimismo se incrementa el IVA canario (denominado IGIC) aplicable a las prestaciones de servicios, entre las que se incluye el transporte, pasando del 2% anterior al 3% de tipo impositivo.

Ante la gravísima situación económica que están atravesando los transportistas canarios, según la información remitida por la Asociación de Transportistas de Canarias ASTRACAN, federada en FENADISMER, durante este martes se ha acordado en Asamblea convocar un Paro general del sector del transporte de mercancías por carretera a partir del próximo martes 10 de Julio a las 00:00 horas, el cual tendrá carácter indefinido.

Las principales reivindicaciones que los transportistas canarios plantean al Gobierno autonómico son las siguientes:

  1. La reactivación del mecanismo de devolución del impuesto de hidrocarburos al colectivo de transportistas, el cual se encuentra paralizado desde el año 2011.
  1. El establecimiento de un régimen específico de exigencia del aparato tacógrafo para los vehículos de transporte, teniendo en cuenta las peculiaridades del transporte insular.
  1. La modificación del actual sistema de revisión técnica de los vehículos de transporte, que obliga a llevar sobrecargados los camiones al pasar la inspección pese a que la normativa reguladora no lo exige.
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