• Bélgica se suma a la ofensiva judicial de los países del Este contra Paquete de Movilidad, aunque en su caso sólo por la nueva limitación para hacer cabotaje que impide hacer nuevos servicios de transporte de cabotaje hasta transcurridos 4 días desde el último servicio, que aún no ha entrado en vigor.
  • Fenadismer insiste en las bondades del nuevo Paquete de Movilidad por incluir incluye medidas trascendentales para el futuro del sector, como el control de las empresas deslocalizadas y del fenómeno del dumping social, entre otras.

 

La aprobación definitiva el pasado mes de Julio del Paquete legislativo de Movilidad, tras casi cuatro años de tortuosa tramitación, incluye medidas legislativas de vital importancia para el futuro desarrollo de la actividad del transporte por carretera en la Unión Europea, que permitirá desarrollar la actividad del transporte en mejores condiciones de competencia leal entre las empresas de los diferentes Estados miembros, eliminando el fenómeno del dumping social o la deslocalización de empresas a países con menores costes laborales o fiscales.

 

Así, entre las novedades más destacadas, el Paquete de Movilidad incluye una nueva regulación sobre conductores desplazados (salario mínimo) en el sector del transporte por carretera, exigiendo que dichos conductores perciban al menos el salario mínimo establecido en el país o países en que realice el servicio de transporte. Sin embargo, de dicha regulación se excluirá a los transportes internacionales bilaterales, esto es, a los transportes internacionales en los que el país de origen o destino sea donde el vehículo está matriculado, lo que FENADISMER siempre ha valorado muy positivamente, ya que permitirá eliminar las cargas burocráticas que pudieran existir para las empresas transportistas españolas en sus desplazamientos a otros países de la Unión Europea tanto de salida como de retorno, y a la vez ello posibilitará un mayor control de las empresas deslocalizadas principalmente en países del Este de Europa, que operan en la actualidad sin ningún control en el mercado español de transporte, copando más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en España.

 

Otra de las medidas más interesantes que contempla el Paquete de Movilidad es la relativa al mayor control que se realizará sobre las denominadas empresas “buzón”, ya que todas las empresas de transporte por carretera necesitarán acreditar que tienen actividad “real” en el Estado miembro en el que están registradas, para lo que se exigirá además que los camiones regresen al país de matriculación cada ocho semanas. En relación con lo anterior, las empresas deberán organizar sus horarios para que los conductores en el transporte internacional de carga puedan regresar a sus hogares a intervalos regulares (cada tres o cuatro semanas, según el horario de trabajo).

 

Estas medidas, como se recordará, han sido unas de las más cuestionadas por los países del Este de Europa, ya que impedirán que las flotas de transporte matriculadas en dichos países, trabajen de forma continua en otros Estados miembros, lo que motivó que el pasado mes de Noviembre un total de seis países europeos, en concreto, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Hungría y Malta, plantearan un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de al Unión Europea con el objetivo de tumbar los aspectos más lesivos del Paquete legislativo a sus intereses.

 

Pero a esta “cruzada judicial” se ha sumado sorprendentemente un país occidental, en concreto Bélgica que, según ha podido saber FENADISMER, ha planteado un recurso judicial ante el Tribunal Europeo, pero en este caso exclusivamente por la nueva regulación sobre el transporte de cabotaje, que aún no ha entrado en vigor.

 

Cabe recordar que el Paquete de Movilidad mantiene los anteriores límites existentes para la realización de servicios de transporte en régimen de cabotaje en otro Estado miembro (tres operaciones en siete días), pero como novedad se introduce un «período de enfriamiento» de cuatro días antes de que se puedan realizar más operaciones de cabotaje dentro del mismo país, que es lo que cuestiona ahora el Gobierno belga.

 

 

 

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