• La Diputación de Guipúzcoa decide mantener de forma irresponsable el cobro del peaje a los camiones pese a tres pronunciamientos judiciales en contra, a la espera que el Tribunal Supremo falle de nuevo en los próximos meses en relación a la versión “maquillada” que puso en vigor en Mayo de 2019.

 

  • En todo caso, tras la sentencia del Tribunal Supremo notificada ayer, la Diputación de Guipúzcoa deberá devolver ya todo lo recaudado desde Enero de 2018 hasta mayo de 2019, lo que podría suponer un agujero de más de 15 millones de euros a las arcas guipuzcoanas.

 

Como se recordará, pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado ilegal por dos veces el peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en Enero de 2018, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha continuado exigiendo durante estos tres años  el cobro del mismo a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías, bajo la excusa de que dicha decisión no era firme hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo en base al recurso presentado en su día por dicha Administración y cuya desestimación fue notificada este miércoles a las partes.

 

Sin embargo, de forma absolutamente irracional, la Diputación de Guipúzcoa ha decidido mantener el cobro de los peajes “contra viento y marea”, lo que a juicio de FENADISMER supone una irresponsabilidad política por las graves consecuencias económicas que dicha ofuscación ocasionará a las arcas forales, y en definitiva a los ciudadanos guipuzcoanos.

Esta huida hacia delante del Gobierno provincial es consecuencia de la versión “maquillada” del cobro de los peajes que puso en marcha en Mayo de 2019 para sortear el pronunciamiento en contra de los Tribunales de Justicia, a fin de tratar de camuflar el carácter discriminatorio de la anterior regulación declarada nula, y que está pendiente asimismo de que el Tribunal Supremo resuelva en los próximos meses sobre la base de la sentencia dictada contra la misma por el TSJ del País Vasco que la volvió declarar ilegal por vulneración del principio de no discriminación ya que, como señaló la sentencia, la nueva versión del peaje “sólo recoge retoques que no alteran en absoluto la esencia de la decisión tomada” con anterioridad por el propio Tribunal Superior.

 

En todo caso, tras la sentencia del Tribunal Supremo notificada este miércoles, todo lo recaudado por la Diputación de Guipúzcoa desde su implantación en Enero de 2018 hasta Mayo de 2019 debe ser devuelto íntegramente a los transportistas, lo que según cálculos de FEANDISMER supondría un montante superior a los 15 millones de euros más los correspondientes intereses legales de demora. A tal fin, FENADISMER informará en los próximos días a los miles de transportistas afectados sobre el procedimiento que deberán llevar a cabo para su reclamación, recomendando que recopilen todas las facturas de los peajes abonados correspondientes a dicho período así como de las posibles sanciones que se les haya impuesto por tal motivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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