• La eurodiputada vasca Izaskun Bilbao insta a la Comisión Europea a que investigue y sancione las actividades de una empresa promovida por un ciudadano sueco en Letonia que emplea conductores filipinos en precarias condiciones.
  • Un reportaje televisivo destapa la dramática situación de abuso que padecen estos profesionales reclutados, cobrando un salario de 600 euros al mes lo que produce la explotación de los afectados y plantea un caso de dumping social a los operadores del sector en toda la Unión.
  • Se calcula que más de 150.000 ciudadanos originarios de países terceros se integran por este tipo de procedimientos en el colectivo de más de tres millones de conductores de camión que prestan este servicio en carreteras de la Unión.

 

La denuncia presentada por la eurodiputada vasca en Bruselas se produce cuando las instituciones comunitarias tratan de cerrar el llamado “paquete de movilidad”. Este conjunto de normas, cuya tramitación ha entrado en su recta final,  “es una necesidad social, económica y ambiental”, señala Izaskun Bilbao. “Mejorará la regulación del acceso a la profesión de transportista, las condiciones sociales y laborales de los conductores, sus tiempos de descanso y conducción y otras circunstancias relacionadas con el control administrativo de esta actividad. Es un paso fundamental”, señala, “para que el transporte en su conjunto sea un factor de competitividad para toda la economía europea”.

 

Izaskun Bilbao Barandica, que ha sido la representante del grupo parlamentario europeo Renew en la negociación de la directiva sobre movilidad de los conductores profesionales, destaca que este tipo de casos son los que pretende evitar las disposiciones introducidas para acabar con las llamadas “empresas buzón”. Este tipo de compañías fijan su sede social en un Estado de la Unión, seleccionado en función del nivel en que se encuentra su salario mínimo, y efectúan en ese Estado las contrataciones de conductores. Posteriormente prestan servicio en toda la Unión realizando un evidente dumping social. Los problemas de interpretación de la normativa en revisión han llevado a algunos Estados miembros a poner en marcha medidas unilaterales de control que introducen nuevas distorsiones en el mercado y añaden cargas burocráticas a las empresas de transporte.

 

Con la nueva regulación, explica Izaskun, “pretendemos establecer condiciones para que estas actividades fraudulentas no se produzcan, obligando a declarar las bases de los vehículos y estableciendo que sean las condiciones sociales del país en el que preferentemente se desarrolla la actividad, las que marquen la retribución de los profesionales. Este episodio es una muestra más de que necesitamos urgentemente aprobar este paquete de movilidad. Recuerda además que en nuestra Unión la competencia entre empresas no debe de basarse en la  bajada de salarios sino en la innovación y la oferta de nuevos servicios”.

 

En su iniciativa la eurodiputada vasca se hace eco del reportaje publicado por Euronews en el que se denuncia que una empresa sueca ha elegido Letonia, el país de la Unión con el segundo salario mínimo más bajo, para fundar una empresa de transporte “Por este tipo de procedimientos pueden haber llegado a la Unión más de 150.000 camioneros originarios de países terceros. En el caso de estos conductores filipinos los contratados cobran 670 euros al mes más una dieta de veinte euros diarios para comer, viven durante un año en los vehículos que conducen y al acabar el contrato regresan a su país de origen. Normalmente mes y medio después regresan y son contratados de nuevo, por lo que esta empresa no les paga las vacaciones”.

 

El contenido del impactante video en el que se relatan las condiciones de abuso y explotación que sufren estos conductores filipinos se puede ver en el siguiente enlace:

 

https://twitter.com/fenadismer/status/1261044395513708545

 

A la vista de los hechos que se acreditan en este reportaje, la eurodiputada española pregunta sobre las posibilidades de que dispone la Comisión para “investigar estos hechos, cortar de raíz estas prácticas y sancionar a sus responsables”.  Además, solicita que se hagan públicos los datos que obran en poder de la Comisión y acreditan “la dimensión de este y otros fraudes similares que precarizan la profesión de conductor y distorsionan el funcionamiento del mercado interior”. Finalmente, y a la vista con lo ocurrido con la normativa en revisión pide medidas especiales de control que permitan a Bruselas asegurar que el nuevo paquete legislativo sobre movilidad se aplicará de modo homogéneo en toda la Unión Europea.

 

 

 

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