• Este miércoles 29 de Noviembre se ha celebrado la reunión anual de las asociaciones nacionales de transporte con los Directores Generales de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas.

 

  • Fenadismer insta la implicación de las Comunidades Autónomas en el control de las empresas deslocalizadas y el rechazo de los peajes obligatorios para camiones.

Este miércoles 29 de Noviembre se ha celebrado en la sede del Ministerio de Fomento la reunión que con carácter anual celebran las asociaciones nacionales que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera con los Directores Generales de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas para analizar la situación del sector del transporte de mercancías por carretera.

 

El Director General de Transporte Terrestre expuso, en primer lugar, los datos sobre evolución del sector en el último año, en el que se ha producido un fuerte incremento de la flota española de transporte de mercancías superior al 6% (en la actualidad más de 340.000 vehículos de transporte público, de ellos 235.000 de transporte pesado), así como un incremento de la actividad del 6%, aunque la asignatura pendiente siguen siendo los precios que perciben los transportistas.

 

En materia de normativa y gestión, el Director General resaltó las gestiones realizadas a nivel europeo para conseguir una regulación específica en materia de desplazamiento de los trabajadores para el sector del transporte por carretera, así como la aprobación del Plan Nacional de Inspección para 2018, que priorizará el control de las empresas deslocalizadas.

 

A continuación, el Presidente del Comité Nacional planteó las principales problemáticas y reivindicaciones que afectan al sector del transporte por carretera:

 

  • La exigencia de la correcta aplicación de la Administración electrónica en los diferentes tipos de trámites administrativos, para evitar ocasionar cargas burocráticas o perjuicios a los transportistas.
  • La necesidad de armonizar las actuaciones inspectoras y los objetivos prioritarios para luchar contra la competencia desleal.
  • Un mayor control de los centros de formación para evitar actuaciones fraudulentas.
  • Profundizar en la colaboración e interlocución entre las Administraciones autonómicas y las organizaciones de ámbito territorial.
  • Exigir que las Juntas Arbitrales sean competentes en las reclamaciones por acción directa por los impagos a transportistas.
  • Rechazar las diferentes iniciativas de Administraciones territoriales de establecimiento de peajes o desvíos obligatorios a autopistas de peaje para camiones, ya que supone en la práctica una euroviñeta encubierta, sin haberse negociado previamente con las asociaciones del sector.

 

Por su parte, el Presidente de FENADISMER resaltó el papel que lleva a cabo el Comité Nacional de Transporte por Carretera, como órgano de interlocución entre el sector y la Administración, que aunque representa diferentes sensibilidades, actúa conjuntamente para la defensa del sector de transporte por carretera. En la actualidad hay dos cuestiones prioritarias para el sector:

 

  • La relativa a los peajes, euroviñetas, desvíos obligatorios y otras fórmulas dirigidas a que la libre circulación de camiones se vea incrementada con gravámenes extraordinarios en el coste de explotación de nuestra actividad, por la tentación de las Administraciones territoriales de conseguir recursos a costa de nuestro sector, y que el sector de transporte rechaza de forma unánime, lo que obligará a realizar movilizaciones si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.
  • La deslocalización de las empresas, también denominado dumping social, que está ocasionando el mayor daño que el sector del transporte ha sufrido en toda su historia, y que de no atajarlo va a suponer la pérdida del actual tejido empresarial de transporte en España. Aunque en esta cuestión las asociaciones de transportistas mantienen posiciones diferenciadas, FENADISMER considera necesario que España se posiciones junto a los países europeos occidentales a fin de proteger a nuestras empresas, solicitando asimismo la implicación de las Comunidades Autónomas.
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