El Congreso de los Diputados vota a favor de la Proposición no de Ley para exigir la inclusión de España en la Alianza Europea por la Carretera suscrita por 9 países europeos.

La Proposición parlamentaria presentada por el Grupo Socialista, y que solo ha contado con el rechazo del Partido Foro Asturias, plantea además una serie de actuaciones para combatir el dumping social en el transporte de mercancías por carretera.

Este miércoles 15 de marzo se ha llevado a cabo en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el debate de la Proposición no de Ley registrada hace unos días por el Grupo Parlamentario Socialista en la que propone una serie de medidas para combatir la insoportable situación de dumping social que soportan nuestras empresas transportistas españolas por empresas deslocalizadas en otros países principalmente del Este de Europa, muchas de ellas españolas, que se establecen en dichos países con el único objetivo de beneficiarse de unos menores costes fiscales y laborales (hasta 10 veces más bajos que en España) pero que en la práctica continúan operando en nuestro país,  amenazando seriamente la supervivencia de nuestro actual tejido empresarial español.

 

En este sentido, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), desea públicamente manifestar su enorme satisfacción por el resultado del debate de dicha Proposición no de Ley, que ha contado con el respaldo de todos los grupos Parlamentarios, con la excepción del Grupo Popular que se ha abstenido y de Foro Asturias que ha votado en contra, lo que denota la sensibilidad de la mayoría de los grupos políticos ante la gravísima situación en que se encuentra el sector español del transporte por carretera por la competencia desleal que las empresa deslocalizadas está ocasionando.

 

Esta situación no es exclusiva de España, sino que afecta a la mayoría de los países europeos occidentales, lo que motivó que el pasado mes de Enero 9 países de la Unión Europea (Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia) promovieran la “Alianza europea por la Carretera” a fin de actuar de forma conjunta contra el dumping social en el sector del transporte por carretera que sufren las empresas transportistas de dichos países por parte de empresas deslocalizadas en otros países europeos.

 

Dicho Acuerdo internacional contempla un Plan de acción compuesto por 8 medidas destinadas a lograr dos objetivos: de una parte, promover la convergencia de las diferentes medidas nacionales de aplicación de la normativa europea para facilitar su aplicación por parte de las empresas transportistas y mejorar la vida de los trabajadores, y de otra parte, mejorar las prácticas de control en los diferentes países europeos y fortalecer su cooperación para una lucha más eficaz contra el dumping y el fraude existente en el sector del transporte.

 

Pese a tan loables objetivos, incomprensiblemente el Gobierno español no se adhirió a dicha Alianza Europea, lo que fue criticado por nuestra Federación al entender que las medidas propuestas en el documento europeo se consideran adecuadas y necesarias para luchar contra la competencia desleal que sufren los transportistas españoles por parte de empresas deslocalizadas en países del Este de Europa, las cuales ya controlan una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país, pese a que el origen o destino de nuestras mercancías no son dichos países precisamente.

 

Para combatir dicha situación, la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados plantea instar al Gobierno a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

 

Primera: Adherirse a la “Alianza europea por la Carretera”, con el objeto de promover posiciones comunes para luchar contra el dumping social, favorecer la competencia leal y facilitar la convergencia en la aplicación de la legislación europea.

 

Segunda: Trasponer la normativa española a la mayor brevedad la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras, teniendo en cuenta que el plazo máximo de trasposición de dicha Directiva venció el pasado mes de Junio, y la Comisión Europea ya ha advertido a España de posibles sanciones en caso de no trasponerla en el plazo máximo de dos meses.

 

Tercera: Reforzar el Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente en materia de control del transporte realizado por las empresas transportistas no residentes en España, tanto en transporte internacional como de cabotaje, a fin de controlar el dumping social y la competencia desleal que sufren las empresas españolas.

 

Por ello, FENADISMER confía que, tras el acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados, el Gobierno español apruebe con carácter inmediato todas las medidas que sean necesarias para proteger al actual tejido empresarial español frente a la competencia desleal que soportan por parte de las empresas extranjeras.

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