Posición del Parlamento Europeo de no inclusión de autónomos en Directiva Tiempos de Trabajo
El pasado 29 de septiembre la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del nuevo Parlamento Europeo, constituido tras las elecciones del pasado mes de junio, ha rechazado el texto que se aprobó por el Pleno del anterior Parlamento el pasado 5 de mayo, el cual instaba a la Comisión europea la inclusión de los transportistas autónomos en las regulaciones y limitaciones previstas para los trabajadores asalariados en la Directiva europea 2002/15CE de 11 de marzo de 2002, lo que suponía una auténtica vulneración del derecho fundamental al libre ejercicio empresarial promulgado en el Tratado de la Unión Europea.
Con esta nueva decisión del Parlamento Europeo, se mantiene la exclusión del autónomo de la citada Directiva y, por tanto, de las normativas nacionales que la trasponen, dando por tanto plena validez al informe sobre la materia encargado por la Comisión Europea en mayo del año 2007 que de forma rotunda expresaba la conveniencia de excluir a los transportistas autónomos de la citada Directiva, ya que dicha limitación “llevaría aparejada una disminución de su renta económica”, lo que cobra más relevancia más aún si cabe en la situación actual de profunda crisis económica que atraviesa el sector del transporte por carretera.
Cabe recordar que en base a tal informe, la Comisión europea había elaborado en Octubre del pasado año 2008 un proyecto de modificación de la Directiva en la que se mantenía tal exclusión, ya que como se señalaba tras “una investigación meticulosa sobre los efectos en la seguridad vial, las condiciones de competencia, la estructura de la profesión y los aspectos sociales” se concluía que “no estaba justificada decisivamente la inclusión de los transportistas autónomos en la Directiva”, decisión que coincide plenamente con la postura defendida por el Gobierno español durante la aprobación de la actual Directiva en el año 2002 y durante su transposición al Derecho español en mayo de 2007.
La nueva votación del Parlamento europeo obligará a iniciar de nuevo todo el procedimiento de modificación de la Directiva, lo que deberá llevar a cabo la Comisión Europea.
