Cataluña pretende expulsar a los camiones de la N-240
Cataluña amenaza con nuevas prohibiciones a camiones en las carreteras nacionales.
Principio de acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Fomento para prohibir la circulación en la N-240 y obligar a los camiones a utilizar la autopista de peaje AP-2.
La Generalitat de Cataluña está decidida a ampliar su campaña de acoso contra los camiones que circulan por las carreteras catalanas que ya inició el pasado año 2013, cuando acordó en el mes de Abril la prohibición absoluta los 365 días del año y las 24 horas del día de circulación a los camiones en 90 kilómetros de la Nacional 2 (N-II) en la provincia de Girona hasta la frontera francesa, obligándoles a circular por la autopista de pago AP-7, decisión que fue recurrida por FENADISMER junto con sus organizaciones catalanas AGTC y ASTAC ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que está aún pendiente de resolución judicial.
En un nuevo intento por expulsar a los camiones de las carreteras nacionales, la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña ha anunciado un principio de acuerdo entre el Gobierno autonómico y el Ministerio de Fomento para mejorar la movilidad entre Lérida y Tarragona y potenciar las comunicaciones, mediante la construcción de nuevos ejes viarios. Dicho acuerdo incluye la prohibición en próximas fechas de la circulación absoluta de camiones las 24 horas del día y los 365 días del año en 40 kilómetros correspondientes a la Nacional 240 (N-240), en concreto, entre las localidades de Borges Blanques y Montblanc, la cual discurre paralelamente a la autopista de peaje AP-2, obligando a los transportistas a circular por dicha vía de pago, gestionada por la concesionaria Abertis.
Las asociaciones de transportistas catalanas, que han constituido una plataforma unitaria de reivindicación, rechazan de plano esta prohibición, que sólo aceptarían si se les ofrece a los transportistas una vía alternativa libre de pago. Por ello han anunciado que de confirmarse un acuerdo definitivo en estos términos, estudiarían las medidas de respuesta contra dicha prohibición.
