• La dificultad para numerosos transportistas y conductores profesionales de acceder a la nueva Administración electrónica les obliga a acudir a entidades privadas para realizar dichos trámites.

 

  • Las tarifas ofertadas para renovar la tarjeta del tacógrafo digital en algunos casos triplica el importe de la tasa oficial.

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que entró en vigor en Octubre de 2016, supuso la introducción de forma generalizada de la comunicación electrónica en las relaciones entre la Administración y los administrados, con el objetivo de servir mejor a los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, reforzar las garantías de los ciudadanos y empresas, como señala expresamente la exposición de motivos de la citada Ley.

 

Si bien la citada Ley sólo establece la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas a las personas jurídicas (sociedades), y no en consecuencia a las personas físicas, que podrán hacerlo sólo si así lo desean. Sin embargo las Administraciones Públicas competentes en materia de transporte (Ministerio de Fomento y Consejerías autonómicas) han establecido la obligatoriedad de que todas las comunicaciones que se realicen relativas a trámites de transporte se realicen exclusivamente por vía electrónica, tanto si se trata de sociedades como de personas físicas.

 

En consecuencia, dicha obligación afecta en el sector del transporte público de mercancías, además de a las 38.000 empresas de transporte que tienen forma societaria, a los 68.000 autónomos que operan en el sector, a las que hay que añadir las 65.000 empresas titulares de autorizaciones de transporte privado, de las que 22.000 son autónomos.

 

Pero tal obligación no sólo afecta a las empresas de transporte, sino también a todos los conductores profesionales titulares de la tarjeta de tacógrafo digital, que en la actualidad ascienden a más de 500.000 personas, los cuales deben renovar dicho documento cada 5 años.

 

Dicha obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración de Transporte está planteando enormes dificultades para numerosos transportistas y especialmente para los conductores profesionales, ya que para poder realizar los trámites electrónicamente se exige disponer de un equipamiento informático importante (ordenador de altas prestaciones, scanner para el volcado y comprimido de los documentos a tramitar, certificado de firma digital y conexión a internet de alta velocidad, entre otros) así como los conocimientos necesarios en materia informática.

 

Por ello FENADISMER ha venido comprobando que los últimos meses están surgiendo numerosas empresas privadas que están ofertando sus servicios para “ayudar” a transportistas y conductores profesionales que no pueden realizar los trámites por vía electrónica, con tarifas que en muchos casos triplican el coste de la tasa oficial por el referido trámite.

 

Esta situación abusiva es especialmente preocupante en el caso de los conductores profesionales, teniendo en cuenta que aproximadamente 100.000 conductores profesionales deben renovar anualmente su tarjeta de tacógrafo digital, muchos de los cuales son víctimas de estos negocios abusivos que se están ofertando, incumpliéndose de este modo el objetivo de eficiencia y ahorro de costes para los ciudadanos que proclamaba la nueva Ley de Procedimiento Administrativo con la introducción generalizada de la tramitación electrónica administrativa.

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