Fenadismer valora positivamente la no implantación de peajes a camiones en España
Fenadismer valora positivamente el compromiso de la Ministra de Fomento de no aplicar peajes a los camiones en las autovías españolas.
La Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje había planteado dicha propuesta para salvar de la quiebra a las actuales autopistas de pago.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (FENADISMER), organización representativa de ámbito nacional que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera ha transmitido formalmente a la Ministra de Fomento, Dª Ana Pastor, su agradecimiento por el compromiso público manifestado en el día de ayer de no aplicar peajes a los camiones en las autovías estatales “para evitar dañar la competitividad del sector del transporte y del resto del sistema económico español”, planteando asimismo que el Gobierno está trabajando en la actualidad “para mejorar la competitividad del transporte de mercancías por carretera”.
De este modo, la Ministra de Fomento rechaza la propuesta planteada el pasado martes por el Presidente de la Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje (ASETA), quien propuso al Gobierno establecer peajes en las actuales autovías españolas para solucionar la actual situación de quiebra económica en que se encuentran algunas autopistas de pago, propiedad en la mayoría de los casos de grandes empresas constructoras y de entidades bancarias, las cuales plantean ser salvadas por el propio Estado.
Asimismo FENADISMER ha valorado positivamente la sensibilidad manifestada por la Ministra de Fomento al argumentar el rechazo a la implantación de peajes a los camiones en “la situación de dificultad que atraviesan muchas pequeñas empresas de transporte, en un sector que se encuentra muy atomizado”. A juicio de FENADISMER, el sector del transporte con la actual fiscalidad que soporta, más de 21.000 millones de euros anuales, ya contribuye suficientemente al mantenimiento de las infraestructuras, por lo que el establecimiento de nuevos gravámenes perjudicaría muy gravemente la actividad de las 105.000 empresas que en la actualidad operan en el sector del transporte de mercancías por carretera, lo que contagiaría al resto de actividades económicas y, de modo especial, a las exportaciones españolas, que en un 57% se realizan por carretera.
